Buenos Aires, 6 de Marzo del 2012
A partir de la puesta en vigencia de la ley 26.684 en junio del 2011, los distintos actores que intervienen en el sistema de concursos y quiebras, por acción u omisión, han comenzado a desarrollar artificios destinados a sortear los avances que implicó la nueva norma para dar voz y voto a los trabajadores en los procesos.
Es el caso de NOSTARCO S.A. - concesionaria de la mítica marca de indumentaria Lacar- donde sucedió que el juez a cargo decretó la quiebra de la firma y fijó un plazo urgentísimo de diez días para que el martillero subastara los bienes muebles sin tasación previa y bajo apercibimiento de remoción. De esta manera, se evitaba todo intento de organización de los trabajadores.
Crónica de un cierre no anunciado
El lunes 19 de septiembre del 2011 los trabajadores de la empresa NOSTARCO S.A. se dirigieron como todos los días a sus lugares de trabajo. Cuando llegaron, encontraron las puertas cerradas y un cartel que informaba que la empresa se había mudado.
En el transcurso del día cada uno fue recibiendo un telegrama que decía: “Atento grave crisis que afecta al sector que no ha permitido a nuestra empresa afrontar el pasivo refinanciado generado por la actividad deficitaria procedemos al cierre del establecimiento prescindiendo de sus servicios a partir del día de la fecha”. Los estaban despidiendo masivamente.
Los trabajadores actuaron rápido. Pudieron averiguar gracias a la gente de La Alameda –una organización que se dedica a combatir el trabajo esclavo y que se encargó de asesorarlos– que durante el fin de semana del 17 y 18 de septiembre la fábrica ubicada en Yerbal al 5800, en el barrio de Villa Luro, y los distintos locales comerciales de la marca habían sido absolutamente vaciados. Todos los bienes sustraídos habían sido llevados a un depósito en la calle Malabia 615, en Villa Crespo, que pertenecía a José Raúl Tarica, el dueño de NOSTARCO S.A.
Según una nota publicada en el sitio www.lavaca.org, la empresa Lacar, que funcionaba desde 1983, “estaba ya concursada desde hace años, pero pagando las deudas en cuotas, mes a mes, y sus locales facturaban exitosamente. Ni la empresa ni los dirigentes de los tres sindicatos que intervienen - Cortadores, SOIVA y SETIA- informaron a ninguno de los 250 trabajadores sobre el concurso, ni mucho menos del vaciamiento y el despido que se venía. Lacar ya había sido denunciada en el año 2005 por trabajo esclavo”.
El 23 de septiembre, con el patrocinio de Luis Caro, Presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores, los ex empleados de NOSTARCO presentaron una denuncia ante el juez Federico A. Guerri donde tramita el concurso de la empresa.
Además, los trabajadores denunciaron a la empresa ante el fuero penal por vaciamiento y se lo hicieron saber al juez del concurso. Manifestaron que se habían retirado de la fábrica y de los locales todas las maquinarias, materias primas y productos terminados – cerca de 9.500-, por lo cual no quedaron los elementos necesarios para la producción. También despidieron a los vendedores. Sólo quedaron sin vaciar cuatro locales en los que los propios trabajadores resistieron pacíficamente e impidieron que se sustrajeran los productos.
Por otro lado, se denunció a la empresa por paro patronal ofensivo o “lock out”, a raíz del despido de la totalidad del personal en relación de dependencia.
El abogado señaló que esos actos fueron realizados en perjuicio evidente para los intereses de los acreedores, entre los cuales se encuentran los trabajadores, por lo cual solicitó el desplazamiento de los administradores de NOSTARCO.
Según relató Luis Caro en una entrevista con MyT, el juez Guerri inició una investigación para comprobar los hechos denunciados. El síndico confirmó que se habían llevado la maquinaria y las prendas terminadas. Ante ello la empresa se presentó en el juzgado y reconoció que se habían trasladado los elementos tanto al local de Malabia, como a un local ubicado en Elcano al 4100, pero negó que se hubiera despedido a todos los trabajadores.
Además, los representantes de NOSTARCO dijeron que sólo algunos de los locales iban a ser cerrados y solicitaron al juzgado en dos oportunidades el uso de la fuerza pública para poder cerrar un local ubicado en Morón, en donde los trabajadores no dejaron que se saquen los elementos – solicitud que fue rechazada por el juez.
Paralelamente, los trabajadores estaban siendo convocados a audiencias en el Ministerio de Trabajo, a las cuales la empresa no concurría. Por este motivo, el juez llamó a una audiencia urgente para que la empresa diera explicaciones. El día anterior a la audiencia, la empresa pidió su propia quiebra porque, según relata Caro, “veían que no tenían salida”.
Lo que abrió la quiebra
El día 4 de octubre del 2011, el Juez Guerri decretó la quiebra de NOSTARCO S.A. y directamente dispuso que se haga lugar a “la subasta de los bienes muebles de propiedad de la fallida, así como de la marca ‘LACAR’ al contado, al mejor postor y en dinero efectivo”.
Por otro lado, el fallo dispuso que el día 7 de octubre – tres días después de que se decretara la quiebra - se debía elegir al martillero y que éste tendría diez días para realizar la subasta, bajo apercibimiento de remoción [ver fallo].
En síntesis, se dispuso la venta de los bienes de la fallida sin tasación previa y sin base, en 10 días.
No hacía falta sacar la calculadora para contar los días. La decisión del juez Guerri, dijo Caro, claramente levantaba la sospecha de que era el mismo dueño de la empresa quien iba a realizar la compra de los bienes, debiendo actuar con premura porque sabía que los trabajadores se estaban organizando.
El 10 de octubre subsiguiente los trabajadores presentaron la Cooperativa de Trabajo Lacar Limitada ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Sin embargo, con los tiempos fijados por Guerri el panorama no resultaba prometedor para los trabajadores.
Como señala Caro, el juez había fijado esas fechas con absoluto conocimiento de las denuncias presentadas por los trabajadores, por lo tanto se pidió su recusación y se realizó una movilización al Juzgado Comercial n° 17 para darle publicidad a los acontecimientos. Mientras tanto en Villa Crespo, los trabajadores acamparon frente al local de Malabia para que no se llevasen los bienes.
Mucho más que una ley
A partir de la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras – Ley 26.684-, en vigencia desde el mes de junio del 2011, cuando una empresa quiebra el juez que la decreta debe tener en cuenta los créditos laborales de los trabajadores y se establece la posibilidad de la continuidad de la explotación.
Como señaló la doctora Juliana Kina en un artículo sobre la reforma de la Ley 26.884, la nueva ley “constituye una reforma sustancial del sistema de concursos y quiebras de la Ley 24.522, asentada sobre dos principios rectores: por un lado, favorecer la conservación de la actividad de las empresas en situaciones de crisis, y por otro, la participación de los trabajadores en la protección de la fuente de trabajo, mediante el control y la información”.
El Presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores señaló que la manera en la que procedió el juez Guerri en el caso de la empresa NOSTARCO permitía al empresario escapar a la nueva ley de quiebras: “venden rápido y una vez que vendieron todo, los trabajadores ya no se pueden organizar y no pueden reclamar su participación”.
Es que no basta con que se promulgue una ley para que quede garantizado su cumplimiento. En este caso, gracias a la movilización de los trabajadores de Lacar - acompañados por otras organizaciones como La Alameda y el Movimiento que lidera Luis Caro- el juez Guerri finalmente debió hacer lugar a los reclamos, que no versaban sobre otra cosa más que el efectivo ejercicio de los derechos de los trabajadores establecidos por la nueva normativa.
Actualmente, la Cooperativa de Trabajadores de Lacar está en marcha y produciendo. Quedó compuesta por alrededor de 70 personas que antiguamente ocupaban los distintos sectores de la empresa, desde el área de producción en la fábrica hasta la venta en los locales. El magistrado que lleva adelante la causa autorizó el traspaso de los bienes muebles - maquinaria, prendas terminadas y sin terminar, en locales y en stock y algunos géneros - y la marca y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) le cedió un lugar en el Polo Textil, en Barracas.
Según informó a MyT un integrante de la cooperativa, si bien ya empezaron a producir aún no se están comercializando los productos. Es probable que en breve comience la venta al público en un local cedido en comodato por la organización La Alameda, ubicado en la Avenida Directorio al 3700, en el barrio de Floresta.
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